Claves: Un año de la cumbre sobre abusos. ¿De qué ha servido?

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20/02/2020
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Después de la cumbre sobre abusos de febrero de 2019 el Vaticano dio a conocer tres paquetes de medidas: uno en marzo, otro en mayo y otro en diciembre. 

1.- ELIMINAR LA CULTURA DEL SILENCIO

El primer paso fue obligar a denunciar cualquier tipo de abuso sexual, ya sea a menores o adultos, en diócesis, congregaciones religiosas y Vaticano. Para ello se estrechó el cerco sobre obispos y superiores. Se les prohibió imponer silencio a las víctimas y testigos y se aclaró cómo se podía denunciar y juzgar internamente a un prelado. Se pidió a las diócesis que instituyeran una oficina donde acoger denuncias y, lo más importante, se terminó con el secreto pontificio, que demostró ser un arma perfecta para encubrir.

Sería el equivalente a Secreto de Estado en un gobierno civil. Podía ser usada por obispos para no colaborar con autoridades o simplemente para callar cuando lo creyesen oportuno. Y no solo eso.

MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA
Secretario, Pontificio Consejo Textos Legislativos
“El secreto pontificio, más que nada era una traba FLASH que impedía una comunicación adecuada para todas las partes que intervenían en el proceso, tanto las víctimas como los abogados, como el acusado, para que tuviesen la información necesaria, la que es justa, para que se realice un justo proceso”.

2.- COLABORACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES

Los obispos quedaron obligados a colaborar con la justicia civil. Sin embargo hay legislaciones que impiden a los obispos denunciar a sacerdotes pederastas porque se deja esa decisión en manos de los padres o tutores de las víctimas.

MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA
Secretario, Pontificio Consejo Textos Legislativos
“Hay algunos países en los que si un obispo está informado de un delito de ese estilo tiene deber por ley civil de acudir a la policía y hay países en los que si va se puede ver en una situación muy grave”. Hay países donde se puede denunciar pero “a instancia de parte”. Porque dicen que tienen que ser los padres, o la familia, o el interesado, pero cualquiera no puede denunciar”.

P. HANS ZOLLNER
Centre for Child Protection (Roma)
“La Iglesia católica, por desgracia, no puede hacer una regla única porque existen 200 países donde la situación legal es muy diferente. Además hay víctimas que quieren ser protegidas, no quieren quedar expuestas. En algunos países, también en Occidente, ir a un proceso penal puede suponer otro trauma además del abuso porque contar lo sucedido supone “revivirlo”. Yo estoy siguiendo el caso de una persona que sufrió abusos hace 40 años en un país no lejos de Italia. Se expone a una segunda experiencia traumática al tener que contar lo que sucedió. Esto, incluso para una persona fuerte es difícil”.

3.- ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

El Papa aprobó una nueva legislación que pide que se garantice ayuda médica, psicológica y espiritual a las víctimas y sus familias. También se amplió el concepto de “persona vulnerable” para procesar a abusadores cuyas víctimas son adultos con limitaciones físicas y cognitivas. En el Vaticano se aumentó el tiempo de prescripción de modo que una víctima pudiera denunciar lo ocurrido hasta un máximo de 20 años después de haber cumplido los 18.

4.- CAMBIO EN LA SENSIBILIDAD

Hans Zollner trabajó en la organización de la cumbre y hoy es uno de los eclesiásticos más comprometidos en la lucha contra los abusos en la Iglesia. Señala que tras el encuentro de 2019 ha percibido que en algunos sectores de la jerarquía hay mayor sensibilidad. 

Francisco convocó a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Les hizo escuchar los testimonios de víctimas y reflexionar sobre su responsabilidad ante la Iglesia y la sociedad.

P. HANS ZOLLNER
Centre for Child Protection (Roma)
“Lo he visto con mis ojos. He viajado por todo el mundo en los últimos 12 meses. Visité muchos países en varios continentes y me reuní con muchas conferencias episcopales y capítulos generales de congregaciones y órdenes religiosas. Veo que después del congreso hay otro nivel de toma de conciencia”.

Por eso, el congreso marcó el inicio de dos procesos: revisar la normativa jurídica para mejorarla e impulsar un cambio de mentalidad entre la jerarquía que evite que las nuevas medidas se queden en papel mojado.

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