El escándalo del palacio en Londres, que generó pérdidas millonarias para la Santa Sede, hizo que el Vaticano redefiniese toda su política en materia de inversiones.
Tras estallar el caso, Francisco quiso quitar poder a la Secretaría de Estado, la entidad que autorizó la compra del inmueble. Esto quedó reflejado en la constitución apostólica del papa Francisco, Praedicate Evangelium, publicada en marzo de 2022.
Lo que establecía el papa es que sería el APSA el encargado de administrar y gestionar los bienes de la Santa Sede. Y, a su vez, que la ejecución financiera de dichas operaciones se haría a través del IOR, es decir, el banco vaticano.
Tan solo cinco meses después, Francisco firmó un motu proprio en el que blindó por decreto dicha cuestión. Todo el dinero para invertir tendría que pasar exclusivamente por el IOR y por ninguna otra entidad.
Ahora, León XIV ha derogado lo que Francisco firmó. El nuevo papa quiere que el banco vaticano siga teniendo un papel central, pero sin que sea exclusivo.
Por eso, el motu proprio firmado por León establece que, a partir de ahora, el APSA podrá recurrir a intermediarios financieros de otros países. No solo al IOR
Todo esto seguirá estando controlado por el Comité de Inversiones, otro organismo que creó en 2022 el papa Francisco para garantizar que el Vaticano invierte de forma ética o, dicho de otra forma, en base a la Doctrina Social de la Iglesia.
El objetivo de todos estos cambios es que no se repita lo que sucedió con la inversión en el inmueble en Londres con el que la Santa Sede perdió credibilidad y más de 139 millones de euros.
CA
