La apelación del mayor juicio penal celebrado en la historia reciente del Vaticano gira hoy en torno a una cuestión delicada: si la acusación manipuló al papa Francisco para firmar normas excepcionales que influyeron decisivamente en el proceso judicial en perjuicio de los acusados.
El juicio comenzó en 2021 y evaluó si altos cargos del Vaticano cometieron irregularidades en una operación inmobiliaria en Londres que provocó pérdidas millonarias.
La sentencia llegó en diciembre de 2023 con la condena, por primera vez en la historia, de un cardenal; Angelo Becciu, aunque sus abogados ya aseguraron en aquel momento que no se iban a dar por vencidos.
FABIO VIGLIONE
Abogado del cardenal Becciu
Creemos que en el juicio salió a la luz la absoluta inocencia del cardenal, inocencia en la que creemos y sostenemos. Repito, quedó demostrada en el transcurso del juicio.
El juicio en segunda instancia comenzó en septiembre de 2025 y, en las últimas audiencias, que se celebraron entre el 3 y el 5 de febrero, la defensa del cardenal y del resto de los condenados se centró en demostrar que el proceso estuvo viciado desde el inicio.
Aseguran que no recibieron toda la documentación necesaria para preparar el proceso. Por ejemplo, dicen que no tuvieron acceso a todas las pruebas de la acusación. Y que tampoco fueron informados de las nuevas normas firmadas por el papa Francisco que afectaban al juicio. De hecho piden que papa León que intervenga para arrojar luz.
La contraparte sostiene que el papa tiene autoridad total para dictar normas y que, por tanto, los decretos son válidos porque vienen de él. Añade, además, que esos decretos no se publicaron por motivos de seguridad y que se trata de una práctica habitual realizada por los pontífices. Que no solo recurría Francisco a ese sistema. Sino que también lo hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Por otro lado, el juicio llega a esta fase marcado por una serie de golpes para la acusación. En primer lugar, el fiscal vaticano, Alessandro Diddi, intentó recurrir las condenas al considerar que algunas penas eran demasiado leves. El tribunal rechazó su recurso por un defecto formal en los plazos, lo que cerró definitivamente la puerta a cualquier aumento de las condenas: en esta apelación, los acusados solo pueden aspirar a una reducción o incluso a la anulación de las penas. El fiscal terminó dimitiendo en enero.
En todo caso, concluidas las audiencias, la Corte Suprema del Vaticano se reservó la decisión final. Los jueces deberán ahora resolver si los decretos papales fueron válidos, si el proceso respetó las garantías legales y, en última instancia, si el juicio que marcó un antes y un después en la justicia vaticana puede mantenerse en pie o debe ser corregido desde sus cimientos.
CA/JRB
