El gobierno de Daniel Ortega ha bloqueado las cuentas bancarias de varios entes dependientes de la Iglesia en Nicaragua. Entre ellos hay parroquias, colegios, emisoras de radio, la propia Conferencia Episcopal y diócesis como la de Matagalpa o Estelí.
Según un comunicado lanzado por la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional del país, se les acusa de “actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria”.
Las acusaciones de traición a la patria son comunes en este país gobernado por el matrimonio Ortega-Murillo desde 2007 y en el que el obispo Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años de prisión precisamente por esos cargos.
También las de lavado de dinero. Es la fórmula que el régimen de Ortega encontró en 2022 para expulsar a las Misioneras de la Caridad y disolver otra centena de asociaciones. Los periodistas exiliados ya lo denunciaban entonces.
ISRAEL GONZÁLEZ ESPINOZA
Periodista nicaragüense exiliado
No hay ninguna explicación lógica ni con asidero jurídico para la expulsión de las Hermanas Misioneras de la Caridad. De hecho, la asociación fue suspendida por la Asamblea Nacional, que es un órgano que está completamente controlado por el régimen de Daniel Ortega.
Es un paso más en la represión que este país centroamericano ha lanzado contra la Iglesia desde 2018, cuando abrió las puertas de los templos para acoger a los manifestantes perseguidos por la violencia del Gobierno.
RM
